De aniversarios...

El día 1 de octubre de 2016 se cumple el 70º aniversario de la lectura de sentencias en el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, en el que las potencias aliadas (Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia) juzgaron a los principales criminales de guerra nazis que sobrevivieron a la rendición de Alemania, en un proceso que duró aproximadamente un año. Las deliberaciones no habrían sido posibles con la celeridad que tuvieron sin la presencia de intérpretes simultáneos entre los cuatro idiomas oficiales (alemán, francés, inglés y ruso). Aunque la interpretación en tribunales tiene un larguísimo recorrido en la historia, se considera que Núremberg marcó un antes y un después en lo que respecta a la consolidación de la profesión de intérprete. Paradójicamente esa profesión se asoció con el entorno de organizaciones y conferencias internacionales más que con los tribunales, en los que la interpretación simultánea profesional siguió y sigue siendo la excepción más que la regla.

En mayo de 1946 había iniciado sus deliberaciones el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (el Proceso de Tokio), encargado de juzgar a los responsables políticos y militares japoneses sospechosos de haber cometido crímenes de guerra. Durante las sesiones del juicio intervinieron intérpretes de japonés, inglés y, en ocasiones, de otros idiomas. Los intérpretes trabajaron solo en consecutiva –se consideraba que la simultánea entre el japonés y el inglés era imposible por la distancia entre los dos idiomas– y las autoridades militares establecieron una supervisión estricta de las interpretaciones por miedo a posibles transgresiones de la neutralidad de los intérpretes, que eran en su mayoría de origen japonés.

El 14 de octubre de 1936, hará pronto 80 años, llegaron a Albacete los primeros brigadistas internacionales para defender al gobierno de la República frente a la sublevación de Franco (17 de julio de 1936), a quien habían empezado a apoyar Hitler y Mussolini desde el golpe. La Guerra Civil española se convirtió así en un conflicto internacional –como lo había sido la I Guerra Mundial– en el que fue necesaria la presencia de intérpretes para permitir una comunicación efectiva entre los distintos niveles de mando, así como con la población local y con las tropas enemigas. La mayoría de los que actuaron como intérpretes, tanto en el bando leal al gobierno como en el rebelde, lo hizo de forma espontánea, simplemente porque eran políglotas –muchos de ellos debido a trayectorias vitales que fueron el reflejo de un siglo de cataclismos sociales y políticos de alcance planetario. El hecho de que las autoridades que los seleccionaron y emplearon consideraran clave su misión de mediación lingüística es una prueba explícita de que el dominio de las lenguas ha sido y es un arma en los conflictos bélicos.

Ha llovido mucho desde entonces y en el mundo en el que nos ha tocado vivir los intérpretes siguen siendo necesarios en los innumerables conflictos internacionales que han venido sucediéndose después de que los tribunales de Núremberg y de Tokio dieran por zanjada la II Guerra Mundial. Lo mismo ocurre en los entornos judiciales internacionales, pero también en los de nuestras ciudades y municipios, donde convivimos personas de muy diversa procedencia. Sin embargo, la interpretación judicial y policial sigue padeciendo en nuestro país un grave problema de falta de reconocimiento social, institucional y legal, provocado en buena medida por la ignorancia de muchos usuarios acerca de las funciones que han de desempeñar los intérpretes, sus condiciones de trabajo, sus destrezas técnicas, su código ético, etc.

En numerosas ocasiones, las cuestiones relacionadas con la confianza en el intérprete (“alguien” de confianza, con todo lo que ello puede significar), cuando no con el ahorro de costes o con el lucro empresarial, parecen imponerse a la necesaria profesionalidad, confidencialidad e imparcialidad que deben quedar garantizadas en un servicio lingüístico de calidad, al que –no lo olvidemos– tienen derecho los ciudadanos inmersos en cualquiera de las fases de un proceso penal (Directiva 2010/64/EU).

A finales del mes de agosto, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a un intérprete de farsi que colaboraba en las investigaciones policiales y aprovechaba en beneficio propio y en el de una mafia de trata de personas su acceso a información privilegiada (Véase aquí la nota de prensa de 25-08-2016). Es tan solo un ejemplo en una lista lamentablemente larga de efectos colaterales resultantes del desconocimiento y la indiferencia.

Muchos de estos casos han quedado documentados en una queja por el mal funcionamiento de los servicios de traducción e interpretación judicial que la APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados) presentó el pasado 22 de julio ante la Oficina del Defensor del Pueblo español (Queja presentada por la APTIJ ante el Defensor del Pueblo). La admisión a trámite de esta queja, respaldada por la Red Vértice al completo, y a la que se han adherido la FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) y las 25 universidades españolas que imparten estudios de traducción e interpretación, significa que dicha Oficina estima que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales y que, por tanto, es necesaria una investigación.

No deja de resultar paradójico que, tras décadas de evolución técnica en el ejercicio profesional de la interpretación, sigamos reclamando hoy algo que nuestros antepasados ya vieron y resolvieron eficazmente incluso en condiciones de emergencia. Por eso hemos querido recordar estos aniversarios y señalar la importancia que tiene aprender de nuestro pretérito –sin duda imperfecto– para evitar repetir los tropezones que el género humano ha tenido con la historia y para mantenernos alerta ante los desafíos del presente, a veces más proclive a la improvisación que a la reflexión.

Icíar Alonso Araguás y Jesús Baigorri Jalón

Grupo Alfaqueque, Universidad de Salamanca

Septiembre de 2016