COMUNICADO FEBRERO 2010

Red COMUNICA
(Observatorio Permanente de la Traducción
e Interpretación en los Servicios Públicos en España)


Madrid, 13 de febrero de 2010

NOTA DE PRENSA

La red COMUNICA hace un llamamiento a la reflexión de las administraciones públicas sobre la actual situación de la interpretación judicial en España.

Con relación a las noticias aparecidas en los últimos días en los medios de comunicación relativas a la falta de garantías procesales en los procedimientos judiciales mediados por intérprete que se vienen siguiendo en la Comunidad de Madrid debido a la mala calidad del servicio prestado por la empresa responsable de la provisión de traductores e intérpretes, los abajo firmantes, todos ellos profesionales y profesores universitarios agrupados en la red COMUNICA, quieren hacer constar lo siguiente:

• Que coinciden plenamente con las denuncias planteadas por la magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga, titular del Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid y por la Asociación Jueces para la Democracia, en todo lo relativo a la indefensión que puede ocasionar a un acusado que no hable la lengua del tribunal el hecho de no contar con los servicios de un intérprete debidamente cualificado y que realice su trabajo conforme a criterios de calidad profesional.
• Que, lamentablemente, la situación descrita por la citada magistrada no es exclusiva de la Comunidad de Madrid. Tanto el Ministerio de Justicia como otras comunidades autónomas con competencias en la materia, así como el propio Ministerio del Interior, han optado por subcontratar los servicios de traducción e interpretación judicial y policial a empresas privadas y muy a menudo no parecen llevar a cabo el oportuno control de calidad de los mismos que cabría esperar, habida cuenta de que lo que está en juego es el derecho a la tutela judicial efectiva, la no indefensión e incluso la propia seguridad del Estado.
• Que, desafortunadamente, en la prestación de este tipo de servicios parecen primar únicamente criterios de rentabilidad económica, tanto por parte de la Administración como de las empresas subcontratadas, frente a criterios fundamentales como cualificación y acreditación profesional de los intérpretes, desempeño laboral conforme a la ética profesional, etc. y no sería, por lo tanto, descabellado afirmar que situaciones como las descritas en Madrid se podrían producir en otros juzgados, tribunales o dependencias policiales del territorio nacional.
• Que no es la primera vez que se llama la atención sobre estas cuestiones, ya que son numerosos los trabajos científicos, intervenciones en congresos especializados, etc. en los que se han puesto de manifiesto las deficiencias existentes en todo lo relativo a la gestión que la administración española hace de la práctica de la traducción y de la interpretación en el ámbito judicial y policial. Lamentablemente estos problemas no se limitarían únicamente a las empresas adjudicatarias, sino que se extenderían a los cuestionables procedimientos que sigue la Administración en la selección y contratación de traductores e intérpretes en plantilla que desempeñan su trabajo en juzgados y dependencias judiciales, su inadecuado encuadramiento laboral, etc., con las repercusiones que todo ello puede acarrear para la correcta salvaguardia de las garantías procesales.

Por todo ello, desde COMUNICA hacemos un llamamiento a la reflexión de los responsables de nuestras administraciones estatal y autonómicas en torno a las condiciones en que actualmente se prestan los servicios de traducción e interpretación en el marco de procedimientos penales de carácter multicultural y multilingüístico. Además, en nuestra condición de formadores de traductores e intérpretes y de investigadores en el campo de la interpretación en los servicios públicos nos ofrecemos a poner nuestros conocimientos y asesoramiento especializados a disposición de quien corresponda.