FALTA DE
PROFESIONALIZACIÓN EN LA
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN JUDICIAL: NUEVAS LICITACIONES
En los
últimos meses se han producido una serie de licitaciones para la adjudicación
de servicios de traducción e interpretación para la Administración de Justicia
en distintas comunidades y provincias (Madrid, Galicia, Málaga, Murcia,
Baleares).
Los pliegos
de estas licitaciones no están en consonancia con la Directiva 2010/64/UE (sobre
el derecho a interpretación y traducción en procesos penales) cuyo objetivo es
garantizar la calidad de la traducción e interpretación en el ámbito penal, y
así contribuir a asegurar la tutela judicial efectiva. La Directiva es de
obligado cumplimiento para todos los estados miembros, y su transposición debía
haberse completado antes de finales de octubre 2013. Sin embargo, en España
todavía no se ha tomado ninguna medida con respecto a la transposición. Con esta
serie de licitaciones que no garantizan los criterios de calidad, parecería que
no hay mucha prisa por implantar nuevas medidas, ni intención de poner remedio
al desastroso estado actual de la traducción e interpretación judicial en
España.
Las
licitaciones de los últimos meses son iguales que las de años anteriores y permiten
la contratación de traductores e intérpretes de acuerdo con los artículos 441 y
762 de la LECrim, ley que se remonta al siglo XIX y que no cumple con las más
mínimas garantías de calidad. En las licitaciones ya adjudicadas parece que el
principal criterio seguido ha sido el precio. Los honorarios de los traductores
e intérpretes se han reducido a niveles tan irrisorios que de ninguna manera
llevarán a la contratación de personas cualificadas, en cumplimiento de la
Directiva, sino todo lo contrario. En el caso de Galicia uno de los
concursantes ofrecía precios tan bajos que la misma Administración se refería a
una “bajada anormal y desproporcionada de los precios”, aunque adjudicó el
servicio a esta misma empresa. Algo similar ocurrió en Málaga.
Varios
colectivos vienen denunciando desde hace tiempo el sistema de licitaciones como
modelo para la prestación del servicio de traducción e interpretación judicial.
Con estas licitaciones se demuestra claramente por qué no se puede dejar un derecho
básico ─como es el derecho a un juicio justo─ en manos de empresas privadas. Basta
analizar el ejemplo del Reino Unido, donde todo un sistema ejemplar se ha
venido abajo desde que el gobierno conservador optó por el sistema de
licitaciones. Los intérpretes acreditados se niegan a aceptar las condiciones
laborales lamentables ofrecidas por las empresas adjudicatarias, las cuales no
encuentran profesionales para cubrir el servicio.
Sin
embargo, en el Reino Unido desde hace 30 años existen estructuras profesionales
para traductores e intérpretes judiciales, incluido un registro de
profesionales formados y acreditados. Hay conciencia de profesión, normas de
calidad, protocolos de actuación y unos operadores jurídicos acostumbrados a
trabajar con traductores e intérpretes profesionales. La situación en España es
muy diferente, a pesar de los ingentes y loables esfuerzos de APTIJ por
promover la profesionalización en este campo. Aquí hay sensiblemente menos
conciencia que en el Reino Unido, y una de las consecuencias de ello es que la
calidad deficitaria pasa inadvertida.
Los mismos
colectivos que venimos señalando la falta de profesionalización en este campo
hemos denunciado estas licitaciones mediante comunicados de prensa y escritos
dirigidos a las Administraciones responsables. Hasta la fecha, con poco
resultado.
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