CALENTANDO MOTORES
La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales, Jurados y Policiales (APTIJ) y la Red Vértice de asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección desean expresar su total desacuerdo con las manifestaciones públicas de representantes del Ministerio de Justicia en lo referente a la transposición de la Directiva 2010/64 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Si bien coincidimos en identificar la creación de un Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales como la pieza clave para la aplicación de la citada directiva, cuyo plazo de transposición acabó en octubre de 2013, disentimos completamente sobre la concepción de registro que el Ministerio pretende llevar a la práctica. Ante dichas manifestaciones, las asociaciones han aportado enfoques alternativos que no se han visto reflejados en los planteamientos del ministerio.
En la actualidad los servicios de traducción e interpretación de los juzgados y la policía, a pesar de que existe una plantilla de traductores e intérpretes tanto en Justicia como en Interior, se vienen prestando en su inmensa mayoría a través de la subcontratación de estos servicios a empresas adjudicatarias. Hemos denunciado este hecho en numerosas ocasiones como una dejación de responsabilidad de la Administración, un perjuicio para los derechos de los ciudadanos y un ataque directo a la profesionalidad del sector, puesto que las condiciones laborales se han visto gravemente mermadas en las sucesivas licitaciones que se han producido, por lo que ya no se puede garantizar la calidad del servicio prestado, mientras el gasto de las Administraciones se ha multiplicado exponencialmente. La escasa o nula consideración que los derechos civiles merecen a las empresas adjudicatarias de estas licitaciones queda demostrada por su sistema de selección de personal: últimamente aparecen anuncios en portales de búsqueda de empleo pidiendo literalmente «traductores sin estudios» para trabajar en los juzgados y la policía y ser incluidos en la bolsa de «traductores oficiales».
Según declara, el Ministerio de Justicia tiene intención de sancionar esta situación con la creación del mencionado Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales, necesario para cumplir con la directiva comunitaria, de dos maneras:
1) Omitiendo la organización de pruebas de acceso al registro conforme a parámetros de validez, objetividad y fiabilidad, y sustituyéndolas por unos requisitos formales de experiencia y en el mejor de los casos de titulación, que ya aparecen hoy en día en los pliegos de licitación de estas empresas, y cuyo cumplimiento efectivo es imposible de verificar por parte de la Administración.
Todos los registros de intérpretes y traductores jurados actualmente existentes, tanto el central del MAEC como los de las comunidades autónomas con competencias para ello, tienen pruebas de acceso como puerta de entrada al registro. También el resto de países comunitarios que cuentan con registros de intérpretes y traductores judiciales y policiales realizan pruebas de acceso. El CGPJ, en su informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas del Delito (ley en la que el Ministerio de Justicia quiere transponer la citada Directiva) de 31 de enero de 2014, ya alerta sobre la insuficiencia de los requisitos planteados para garantizar la calidad que recomienda la Directiva.
2) Incluyendo a personas jurídicas en el registro, es decir, a las empresas adjudicatarias que publican el tipo de anuncios mencionado. Esto va en contra del espíritu y la letra de la Directiva, cuyo propósito principal es establecer unos baremos mínimos de calidad de la traducción y la interpretación en los procesos penales, y para ello insta a crear «registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados», y en ningún caso contempla la creación de directorios de empresas.
Por todo ello, la citada asociación y la Red Vértice, que se han reunido con el equipo del Ministerio de Justicia encargado de la transposición de la Directiva en varias ocasiones, desean poner de manifiesto que este proyecto de Registro incumple flagrantemente la Directiva y va en contra de todo el asesoramiento recibido por parte del sector de la traducción y la interpretación profesional. Asimismo, desean denunciar que su puesta en práctica en absoluto proporcionará una base para la consecución de los objetivos de calidad de la Directiva 2010/64. Esta pretendida calidad sólo será posible si el acceso a la profesión se realiza mediante la superación de pruebas objetivas, válidas y fiables, como se ha venido reiterando continuamente al Ministerio de Justicia.
aciones integrantes de la Red Vértice:
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