INICIATIVA SOBRE EL DERECHO A LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, junto con España, Bélgica, Alemania, Estonia, Francia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía, Finlandia y Suecia, han propuesto una iniciativa con vistas a elaborar una Directiva sobre el derecho a la traducción e interpretación de los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea. Este derecho se aplicará a cualquier persona a partir del momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro pongan en su conocimiento que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del procedimiento. Los Estados miembros deberán velar por que todo sospechoso o acusado que no entienda o no hable la lengua del procedimiento penal de que se trate, se beneficie de interpretación hacia su lengua materna u otra que entienda, con objeto de salvaguardar su derecho a un procedimiento justo. La interpretación, incluida la de la comunicación entre el sospechoso o acusado y su consejero jurídico, se facilitará en el transcurso del procedimiento penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluso durante interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias, pudiéndose facilitar también en otras situaciones. Los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado que no entienda la lengua del procedimiento penal de que se trate se beneficie de la traducción a su lengua materna, o a otra lengua que entienda, de todos los documentos que resultan esenciales para salvaguardar su derecho a un procedimiento justo, al menos de los pasajes importantes de dichos documentos, siempre que la persona afectada tenga derecho de acceso a los documentos de que se trate con arreglo al derecho nacional.



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:069:0001:0004:ES:PDF